La relación entre Estados Unidos y El Salvador se encuentra en uno de sus mejores momentos después de que el país centroamericano aceptara en febrero recibir delincuentes deportados de otras nacionalidades, que ya han sido encarcelados en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot). Así se escenificó nuevamente el pasado lunes tras la última reunión que mantuvieron en Washington el presidente Donald Trump y su homólogo Nayib Bukele, en la que el estadounidense agradeció al centroamericano su colaboración con su plan migratorio, del que se benefician tanto Estados Unidos como El Salvador.
“Hemos ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a delincuentes convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión a cambio de una tarifa“, comunicó el mandatario salvadoreño en su cuenta de X. “La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros, lo que haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario“, remarcó Bukele en una publicación acompañada de imágenes del Cecot. La prisión tiene una capacidad para 40.000 presos y ha sido calificada por el propio mandatario salvadoreño como “la cárcel más grande de toda América”.
Más de un mes después del anuncio de Bukele, tres aviones con 238 venezolanos y 23 salvadoreños a bordo aterrizaron en El Salvador con destino al Cecot tras haber sido acusados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de pertenecer a la banda Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas de organizaciones terroristas por la Administración de Trump. A ellos se suman 17 presuntos delincuentes deportados a finales de marzo y otros 10 que fueron expulsados el pasado fin de semana, según informó a través de sus redes sociales Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.
El acuerdo pactado entre los Gobiernos de Trump y Bukele contempla que los presuntos delincuentes permanecerán en el Cecot al menos un año y que Estados Unidos pagará unos 20.000 dólares anuales a El Salvador por cada preso. En total, el país centroamericano recibirá cerca de seis millones de dólares por los reclusos enviados desde EEUU, que hasta ahora se sitúan en 288. Sin embargo, esa cantidad dista mucho de los 200 millones de dólares anuales que, según Bukele, se necesitan para sostener el sistema penitenciario del país. Ante esta situación, ha puesto a trabajar a miles de presos —exceptuando asesinos y violadores— a cambio de una reducción de condena, informó el medio 20minutos.
Pero El Salvador no solo se beneficiará económicamente del acuerdo con EEUU. Según indicó a El País Juan Pappier, subdirector de la División Américas de Human Rights Watch, Bukele también ganará “el favor de la Administración Trump, la convalidación de su modelo carcelario (criticado por organizaciones de derechos humanos) y el silencio de los líderes de la MS-13”. Esto se debe a que entre los salvadoreños deportados se encuentra un líder de la citada mara que ha sido mencionado en un caso judicial que investiga las presuntas negociaciones del Gobierno de Bukele con las pandillas salvadoreñas, desveladas por el diario El Faro.
Para Estados Unidos el beneficio económico de enviar presos extranjeros a El Salvador es considerable. Según los últimos datos publicados en el Registro Federal, cada preso recluido en una cárcel federal le costó al Gobierno estadounidense un promedio de 44.000 dólares anuales en 2023. Es decir, más del doble de lo que se le pagará a Bukele por los deportados ingresados en el Cecot. De ahí que el propio Trump se mostrara a favor de deportar a ciudadanos norteamericanos condenados por delitos graves a la megacárcel de Bukele, propuesta que ya le había hecho el salvadoreño.
“Me gustaría ir un paso más allá. Tenemos delincuentes locales que empujan a la gente en el Metro y que golpean a ancianas en la nuca cuando no miran. Son auténticos monstruos. Me gustaría incluirlos entre quienes deben salir del país. Son tan malos como cualquiera que entre (a EEUU)”, indicó el republicano tras su reunión con Bukele. “Podemos negociar con el presidente (de El Salvador) por menos dinero y con una gran seguridad. Él hace un gran trabajo“, afirmó Trump tras asegurar que la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, está estudiando las leyes con el fin de comprobar si se puede hacer algo para cumplir su deseo. Actualmente, deportar a un estadounidense a una cárcel extranjera va en contra de la Constitución.
Del total de deportados a El Salvador, se sabe que 137 fueron expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, norma que le otorga al presidente la autoridad de expulsar extranjeros que considere enemigos de EEUU en caso de guerra o invasión. Otras 101 personas fueron deportadas bajo la ley migratoria común, según señalaron funcionarios de Trump citados por The New York Times. Los migrantes fueron expulsados sin ser juzgados y, según una investigación de la CBS, el 75% de los expulsados inicialmente no tienen antecedentes penales graves en EEUU, porcentaje que Bloomberg eleva casi al 90%.
La batalla entre el Ejecutivo y la Justicia
La expulsión de los migrantes ha desatado una batalla entre el Gobierno y el sistema judicial. Tras la decisión de la Administración de Trump, un juez federal ordenó que los aviones con los deportados regresaran a territorio estadounidense ya que la citada ley del siglo XVIII no podía utilizarse para expulsar a migrantes sin una audiencia previa. La Casa Blanca no acató la orden judicial porque, según Tom Homan —mejor conocido como el zar de la frontera—, los aviones ya volaban sobre aguas internacionales cuando llegó la orden. Sin embargo, una investigación del diario The New York Times desveló que el tercer avión todavía se encontraba en Texas cuando fue emitida.
Tras el revuelo que desató la decisión de la Casa Blanca, la Corte Suprema —compuesta por tres progresistas y seis conservadores— permitió al Ejecutivo aplicar temporalmente la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones. Pero enfatizó que los migrantes deben ser informados de la decisión y que se les tiene que brindar la oportunidad de que se revise su deportación. Una semana más tarde un juez federal dio inicio al proceso para declarar al Gobierno en desacato por haber ignorado la orden judicial. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, aseguró el magistrado.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.