Una jueza del fuero comercial se declaró incompetente y remitió a la justicia civil la demanda que una pareja inició contra un conocido barrio cerrado de zona norte y una empresa de seguridad tras el robo ocurrido en su vivienda.
El caso se inició por el reclamo millonario de los propietarios de la vivienda por los daños y perjuicios sufridos.
El robo
El hecho ocurrió en enero de 2023. Cuando los propietarios regresaron a su casa advirtieron que las luces estaban encendidas. La puerta del lavadero había sido violada. Habían sido víctimas de un robo “sin que la empresa de seguridad notara el hecho”
Al reconstruir lo sucedido, descubrieron que los delincuentes, que eran huéspedes de un hotel que se encuentra dentro del barrio, habían estado “paseando” por el lugar.
Ingresaron al predio donde se encuentran las casas desde el hotel, por una “puerta” lateral y caminaron más de 1,5 km hasta llegar a su domicilio al que ingresaron por el lavadero, según consignó la demanda.
Todo ello ocurrió sin que la seguridad del barrio advirtiera la maniobra, pese a la existencia de cámaras.
Según la demanda, esa misma noche en el barrio “no se llevó a cabo ninguna acción tendiente a controlar realmente el ingreso y egreso de personas tanto en el barrio como en el hotel”
La pareja explicó que la Administradora del barrio tiene entre sus obligaciones la contratación de un servicio de seguridad, “por lo que no podía desligarse de la responsabilidad por los hechos de inseguridad o robos ocurridos”
Daños y perjuicios
En primera instancia, la jueza comercial sostuvo que de los hechos surgía una supuesta “conducta negligente tanto del personal de seguridad como de quien debía ejercer el control del cumplimiento de los protocolos por parte de la empresa”
Ello llevaba a concluir en la “naturaleza civil del reclamo”, al tratarse de “una acción por daños y perjuicios derivada de un hecho ilícito, ajena en principio a la competencia mercantil que se rige por la normativa específica en la materia”.
La decisión fue apelada por los demandantes y el caso llegó a la Cámara Comercial que confirmó la decisión de que el caso es competencia del fuero civil.
“Resulta claro que el conflicto se origina en el reclamo derivado del robo sufrido por los actores en su hogar y va dirigido contra la empresa de seguridad contratada por la administradora del barrio en el que habita y contra ésta última, debiendo estarse a la distribución de competencia de la justicia nacional que establece de modo claro que en acciones de naturaleza como la presente debe entender la justicia civil”
Marco legal
“Las relaciones entre la sociedad administradora y los actores se encuentran alcanzadas por las normas civiles, como lo señaló la Agente Fiscal de la anterior instancia en su dictamen, habida cuenta que las disposiciones por ella indicadas asimilan los conjuntos inmobiliarios al derecho real de propiedad horizontal (art. 2075 CCCN)”, remarcó la Cámara.
“Aun cuando el conflicto debiese ser dirimido por las reglas emergentes de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), corresponde que sea la Justicia Nacional en lo Civil quien entienda en el caso”, concluyeron los camaristas Héctor Chomer, María Elsa Uzal y Alfredo Kölliker Frers.
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