La diversidad de género se impuso en la agenda nacional con leyes clave

El reciente 28 de junio fue el primer Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers) que, después de tanto tiempo, se tiñó de celebración por un nuevo derecho adquirido: el cupo laboral travesti-trans.

Según mencionaron trabajadoras sexuales
trans a este medio, cuya identidad solicitaron fuese resguardada, esta nueva
ley aprobada el pasado jueves 24 de junio en el Senado es “esperanzadora”, mas
admitieron que en su comunidad prima la “incertidumbre”.

“Es cierto que esto es un gran avance, una luz al final del camino, pero aún hay que llegar hasta esa luz. Falta recorrer el camino de su implementación, y aún existe la homofobia, la transfobia, la travestifobia, e incluso la discriminación por nuestro actual trabajo”, expusieron las entrevistadas.

Según se señaló en proyectos de ley similares al mencionado presentados en el Congreso Nacional durante el 2018, el 98% de las personas transgénero están excluidas del mercado laboral formal por prejuicios y discriminación. Además, la mayoría queda también fuera del sistema educativo y ante la falta de alternativas y oportunidades, el 70% de las personas trans feminizadas y el 30% de las masculinizadas culminan en la prostitución.

Asimismo, un estudio de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal demuestra que el 77 % de las personas travestis y trans sufrió violencia de género. Tal sería el caso Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció hace tres meses cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Su nombre y su causa tiñó el reclamo de esta comunidad por la aprobación de este cupo laboral y ejerce ahora presión para que la implementación no sufra dilaciones.

Justicia y antecedentes penales

El trabajo sexual no es legal en Argentina. El feminismo mismo se encuentra dividido entre “abolicionistas” y “regulacionistas”, siendo el primer término una postura en contra de considerar a la prostitución como un trabajo, sino que es entendido como explotación y mercantilización de los cuerpos, y el segundo se encuentra a favor de brindarle a esta actividad un marco legal como cualquier otro ejercicio laboral.

Aún más, dentro de la misma comunidad LGBTIQ hay diferencias de opinión acerca de este ítem. “La prostitución debe ser contextualizada. No todas lo hacemos por elección. Pero darle un marco legal nos permitiría estar más cuidadas y tener más derechos. Podríamos incluso monotributar o tener acceso a una obra social, jubilación o poder denunciar las violencias que sufrimos pero que debemos callar estando en la oscuridad legal”, especificó una de las entrevistadas.

Ahora, los tres poderes del Estado deben habilitar el 1% de los puestos de trabajo en el sector público a este colectivo. Pero su alegría se mezcla con el miedo a ese proceso de inserción y es por este motivo que las entrevistadas prefieren que no sus nombres queden reservados: “Queremos que el trabajo actual sea parte del pasado y la intimidad, y no un condicionante cuando logremos insertarnos en el mercado laboral formal”.

La nueva ley dicta que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.

Es decir que su ejercicio en esta actividad no legal no debería significar un impedimento para poder acceder a un puesto de trabajo o cualquiera sea su antecedente penal siempre y cuando “resulten irrelevantes”, lo cual será decidido por las y los empleadores y su parecer.

Entre los estamentos con mayor dificultad para su ingreso e inclusión laboral, las entrevistadas señalaron al Poder Judicial: “Si todes nosotres estamos excluides del sistema, esto es un claro caso de injusticia. Ahora son ellos mismos quienes están obligados a darnos trabajo. El Poder Ejecutivo y Legislativo tienen mayor diversidad de espacios donde poder trabajar, pero en el caso de la Justicia creemos que será más dificultoso. No es el espacio más open mind”, opinaron.

Inclusive, tal como el Gobierno dispuso en septiembre del año pasado por decreto, se prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que las y los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.

Argentina pionera

La Argentina no sólo es pionera en la región latinoamericana al legalizar el cupo laboral travesti-trans, sino que también es un país avanzado en materia de derechos humanos con perspectiva de género en comparación con el resto del continente.

Argentina cuenta con movimientos sociales
transfeministas que fueron tomando forma y fuerza a mediados del año 2000 para
reclamar sus derechos, impulsar la creación de políticas públicas acorde a sus
necesidades invisibilizadas e incluso para armar una red de contención interna
paraestatal.

Incluso, la misma ley que establece el mencionado cupo laboral lleva el nombre de dos referentes de este movimiento transfeminista que abocaron su vida a la lucha por el reconocimiento de derechos relacionados a la diversidad sexual y de género: “Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins”.

En el año 2012 se dio uno de los primeros hitos históricos para la lucha LGBT: la ley 26.743 de Identidad de Género, que reconoce el derecho a identificarse con el género autopercibido, al libre desarrollo de la personalidad y al trato digno (arts. 1° y 12).

El hilo de luchas conquistadas en materia de derecho continúa: en el 2010 se sancionó la ley de Matrimonio Igualitario a pesar de la fuerte reticencia de la Iglesia Católica de incluir la unión a través de este sacramento a personas del mismo género.

Previamente, en el 2006 fue sancionada la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) puesta en funcionamiento a partir del año 2008 en un bajo porcentaje de las escuelas mayormente de Buenos Aires. Hasta la actualidad, se sigue reclamando su correcta y completa implementación.

En enero del 2019 se sancionó la Ley Micaela N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en género, diversidad violencias de género de las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

A partir del 2015, el movimiento Ni Una Menos tomó un impulso y masividad a partir del hartazgo social en el incremento sostenido del asesinato de mujeres y diversidades a causa de violencia machista que logró poner en las prioridades del debate público las temáticas relacionadas al género. Tal es así que en el 2020 se logró la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo N° 27.610, cuyo texto fue creado en el 2006. Los años de lucha y concientización sobre la diversidad sexual lograron otro triunfo en la redacción de dicha ley: la inclusión del término “personas gestantes” en vez de “mujeres”, validando de esta manera la posibilidad de embarazo en personas con útero que no se autoperciban como “mujeres”, lo cual incluye y visibiliza ante la ley a las personas transgénero.

Más aún, esta ley fue aprobada junto a otra complementaria: la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia Nº 27.611, más conocida como la Ley de los 1.000 Días. La misma establece el acompañamiento y asistencia del Estado en los primeros años de vida del recién nacido/a de aquella persona gestante que decidió continuar con su embarazo.

Marcha a favor del aborto en C.A.B.A.

Este año se aprobó también la “Ley de
Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación” a
fin de habilitar puestos de trabajo en los distintos medios de comunicación a
mujeres y diversidades para que sus voces sean también escuchadas de manera
masiva.

La Argentina cuenta con larga historia en materia de género ligada al derecho, ya en 1991 se había sancionado la Ley de Cupo Femenino (Ley N° 24.012) que establecía un piso mínimo de representación de mujeres en las listas partidarias para los cargos Legislativos Nacionales, sin embargo, el cupo femenino sigue representando una lucha en cada ámbito del sector público.

Además de leyes, el movimiento
transfeminista argentino ha logrado que se proclamen distintos programas
especiales contra la violencia de género en el país, y ha incentivado la lucha
social por estos derechos en otros países del mundo. Argentina es, dentro de
Latinoamérica, un país avanzado en materia de derechos humanos.

El camino que falta

La comunidad LGBTIQ+ y las mujeres tienen un largo camino aún hasta lograr la equidad de género. Actualmente, las personas con identidades sexuales no binarias se encuentran mayormente en condiciones de pobreza, situación exacerbada por el contexto pandémico y crisis económica.

En el caso de las identidades feminizadas
se encuentran sometidas a tres niveles de opresión: en algunos casos por su
condición de mujeres, de trabajadoras sexuales y su condición de transgénero.
Por lo que esto conlleva, la expectativa de vida de las personas trans es de
entre 35 y 41 años.

La violencia machista y la discriminación limita a estas personas al acceso a la justicia, a la educación, al sistema de salud, pero se espera que ya no más en el sistema de trabajo formal.

La foto de Tehuel se convirtió en bandera
de la lucha de este colectivo y recorre todas las redes sociales no sólo
habilitando la pregunta de “dónde está Tehuel” sino también “cuándo será el
mercado laboral un espacio abierto y seguro para mujeres y diversidades”.

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Fuente: http://tiempojudicial.com/2021/07/05/la-diversidad-de-genero-se-impuso-en-la-agenda-nacional-con-leyes-clave/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-diversidad-de-genero-se-impuso-en-la-agenda-nacional-con-leyes-clave

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