La Corte Suprema deberá resolver la nulidad de una acordada de hace 91 años

La semana pasada un grupo de asociaciones presentó una nota en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se anule una acordada firmada por el máximo tribunal en 10 de septiembre de 1930 y que avaló el primer golpe de Estado ocurrido en el país contra Hipólito Yrigoyen. Piden la nulidad como “reparación simbólica” y para “remover la sombra de esa historia sobre el porvenir de nuestro pueblo”. VER MANUSCRITO DE 1930.

La presentación fue realizada por nota argumentando que el requerimiento mediante ese formato es el mismo que se usó para su dictado. La nota está firmada por la “Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio” y acompañada por las asociaciones Grupo de Litigio Estratégico, Abogados/as de Mendoza por la Justicia Social, Nace un Derecho, Compromiso Ciudadano para la Justicia Social y AJUS La Plata, Beriso y Ensenada.

La nulidad de aquel acuerdo tiene que ver con una “reparación simbólica hacia la sociedad toda, en relación con los hechos aberrantes en nuestra historia que implicaron un cese al ordenamiento Constitucional del que, se supone y espera, ese Tribunal deber ser custodio“, explicaron las asociaciones en la presentación realizada.

El 6 de septiembre de 1930 el teniente general José Félix Uriburu realizó el golpe de Estado al gobierno de H. Yrigoyen.

En el amanecer de septiembre de 1930 el teniente general José Félix Uriburu realizó el golpe de Estado que dio inicio a la denominada “década infame”. Al acceder al poder enviaron una nota a la Corte Suprema anunciando la constitución de un “gobierno provisional emanado de la revolución triunfante de 6 de septiembre” tal y como dijo aquella nota.

Ante esto el máximo tribunal del país respondió el 10 de septiembre de 1930 con una acordada en la que reconoció la “legalidad” convalidando a esa dictadura. Los nombres y apellidos de quienes firmaron aquella nota aun resuenan por nuestros días. José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna y el entonces Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta (tío abuelo del actual jefe de gobierno porteño), fueron quienes dejaron su marca en una de las acordadas mas paupérrimas que se recuerden de la Corte Suprema.

En aquel acuerdo pueden leerse cosas como: “Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con todo éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y Archivo histórico policial derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”.

“No se pretende desconocer la historia política de ese Tribunal ni el sesgo conservador en el que se arraiga, sino remover la sombra de esa historia sobre el porvenir de nuestro pueblo y desnaturalizar lo que en la referida historia se ha pretendido naturalizar“, concluye la presentación realizada la semana pasada ante la Corte Suprema. Hoy a 91 años de los hechos se busca, si más no sea simbólicamente, dar un guiño contra la connivencia del Poder Judicial y aquella dictadura.

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Fuente: http://tiempojudicial.com/2021/07/22/la-corte-suprema-debera-resolver-un-pedido-para-remover-una-acordada-de-hace-91-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-corte-suprema-debera-resolver-un-pedido-para-remover-una-acordada-de-hace-91-anos

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