"Estamos en una situación con las vacantes que debería ser declarada como emergencia"

Cerca del final del año que comenzó ralentizado por la pandemia, que había impactado con mucha más fuerza al Poder Judicial en el 2020, Tiempo Judicial continúa en diálogo con los referentes de la provincia de Buenos Aires para que den su mirada de la actualidad judicial y la perspectiva para el próximo año.

En esta oportunidad, fue Claudio H. Fede, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, opinó sobre lo que dejó la pandemia, sobre la relación con la Corte de la provincia y las críticas que se deben analizar en función de mejorar los engranajes de la justicia.

¿Qué resultó de la experiencia de atravesar la pandemia?

A pesar del freno de mano, en la provincia de Buenos Aires la actividad judicial siguió dándose y brindando servicio en función de qué era la única provincia que estaba preparada. Ya había un proceso digital. Obviamente en el transcurso de la pandemia fue mejorando y hoy sí tenemos una casi plena vigencia del expediente digital. Hay que contemplar, en ese avance que estamos hablando, de la jurisdicción del sistema judicial más amplia de todo el país en cuanto a índice de litigiosidad y organización judicial.

¿Es resultado de una política que apostaba a la digitalización de los trámites? 

Desconozco las causas fundantes del proyecto inicial, cuál fue la apuesta que tuvieron aquellos que tomaron la decisión de comenzar a digitalizar el sistema, pero empezó hace muchos años, mínimamente 10 años. Todo esto trajo un impacto mucho más amplio que no estaba en la cabeza de nadie. En los operadores judiciales, un impacto en la presión, en los presupuestos y en el final del camino del servicio de Justicia. Se ve modificada toda una cadena de procesos y de toma de decisiones y de inclusión e integración al ciudadano en ese tipo de procesos del cual, obviamente, soy parte.

¿Pero en perspectiva mejoró y redujo ciertos tiempos?

Se mejoran los tiempos, pero también hay una serie de particularidades que hay que discutir, cómo la adecuación las normas de las leyes de los códigos procesales, a los procesos, al sistema virtual. Es decir, la velocidad de la tecnología nos colocó muy adelante de las reformas necesarias para atender a los tipos o a los tiempos procesales. Tenemos un código en la provincia de Buenos Aires de fines de los sesenta y está tal cual, pero está pensado para un sistema escrito 100%, netamente papeles y firmas y hoy tenemos un proceso virtual con firma digital. Hay una gran variedad de cuestiones que se fueron tratando de ajustar y de ayornar a través de decisiones que fue tomando la Suprema Corte de Justicia, pero no dejan de ser resoluciones o acuerdos que no son reformas legislativas.

¿Esto de alguna forma transformó el accionar de cada integrante del proceso?  

Al ciudadano lo colocó en una situación de ventaja, ya que no tiene que trasladarse ni estar presente 100% para las situaciones en el ámbito judicial, la digitalización trajo una posibilidad de llevar adelante los procesos sin tener la lógica que tenías antes y tener que concurrir a los ámbitos. Para el ámbito judicial se han visto modificaciones en las tareas en general. En dónde se tienen que hacer una serie de trabajos que antes no se hacían, antes eran tareas que realizaba el abogado, ahora todas esas reformas fueron dando las posibilidades de que el sistema de fácil implementación lo haga.

El primero de la derecha, Claudio Fede, junto a la cúpula de FAM y AMJA.

Aún así, de forma mediática, la sociedad tiene críticas puntuales sobre la justicia y los tiempos del Poder Judicial…

Hay que distinguir los dos conceptos: Justicia y Poder Judicial. Justicia está definido en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales y es un valor supremo, un valor abstracto, un valor a alcanzar, pero cuando entramos en la realidad de los Poderes Judiciales, en las estructuras que cada provincia y Ciudad Autónoma tienen en nuestro país, nos encontramos con una realidad distinta. Ahí viene la realidad cuando uno ingresa en un organismo judicial, un juzgado, un tribunal, una fiscalía, una defensoría, una asesoría, ahí me encuentro con una estructura, con espacios, con cargo cubiertos o no cubiertos Y ahí empieza la verdadera historia de lo que yo fui a buscar.

¿Entonces a qué se debe la falta de respuesta o la lenta respuesta en algunas ocasiones? 

Los presupuestos que se van a manejar a cada uno de estos espacios son insuficientes, para poner una palabra respetable, y es difícil que yo pueda sostener ese gran emporio judicial. Si se analizan los porcentajes de los presupuestos provinciales destinados al Poder Judicial, que cada vez crece más porque la población crece, los conflictos se multiplican y se necesitan más operadores judiciales, más edificios, más lugares para que estos operadores trabajen. El presupuesto es sumamente escaso. Estamos entre 450 y 500 vacantes de magistrados en el Poder Judicial de Buenos Aires y es terrible, es una situación que debería ser declarada como emergencia. Estamos hablando casi de 2 años o más para que esto, sí todo funcionará bien, se ponga a punto. A todo esto hay que sumarle también la cantidad de vacantes que se están dando de los funcionarios. Esto igual para la ciudadanía no es excusa.  

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Tengo entendido que por diferencia de salarios hay muchas renuncias…

Hay una muy marcada diferencia en los salarios en general, entre los funcionarios y empleados estamos casi cobrando un 50% de lo que cobra cualquier operador judicial de igual escala en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Nación. Y tenemos muchos más conflictos y no hacemos distinción en la resolución, tenemos que resolverlo igual en el mismo tiempo que nos dice la Ley. Esto hay que decirlo.

¿Cómo se puede solucionar el problema de las vacantes? 

El Consejo de la Magistratura está bastante detenido. Es el órgano por el cual se toman varias decisiones, como la cobertura de magistrados, es donde comienza el circuito para poder llegar a nombrar algunos de estos operadores y está prácticamente detenido. Hay todo un sistema interno de reglamentación de exámenes que hacen que casi casi se encuentre imposibilitado de poder abordar esa mecánica. 

¿Cómo es la relación de la Corte de la provincia con la asociación que preside? 

Es muy buena en el ámbito personal, pero en el ámbito institucional  todos estos aspectos los planteamos frente a la Corte, somos el vínculo de gestión entre todos los operadores judiciales que representamos y los ámbitos de decisión. No tenemos capacidad para poder dar respuesta a la problemática que conversamos, pero si nuestra misión como ámbito asociativo, como ámbito de representación, está en esos vínculos.

Ahora, la respuesta presupuestaria le compete al Poder Legislativo, no es una cuestión de la Corte. Ese trabajo lo estamos dando en conjunto para ver si sale lo que hace muchos años se viene propiciando, que es la Ley de Autarquía Judicial. Que pretende una autonomía económica y financiera con un presupuesto razonable, el número de las últimas proyecciones está entre el 8 y porciento del presupuesto. 

¿Qué puede mejorar para el 2022?

Necesitamos recursos, para que los operadores que existen, que en su gran mayoría son personas honestas, puedan trabajar, eso da resultado al Poder Judicial. 

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