El que mal paga…: Procedencia de la intimación cursada a un tercero para que abone en la quiebra cierta suma de dinero incorrectamente pagada al fallido

Partes: Iseas Hugo Daniel s/ quiebra.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 26-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-114816-AR | MJJ114816 | MJJ114816

Procedencia de la intimación cursada a un tercero para que abone en la quiebra cierta suma de dinero incorrectamente pagada al fallido.

Sumario:

-Es procedente confirmar la intimación cursada a un tercero a los fines de que abone cierta suma de dinero que fue incorrectamente pagada al fallido, considerando a tales fines que los trabajos contratados y el pago mencionado fueron ejecutados luego del decreto de quiebra y antes de que transcurriera un año desde dicha fecha, en virtud del desapoderamiento impuesto por el art. 107 de la Ley 2522 y de la ineficacia regulada en el art. 109, parte 2° , de la misma normativa.

2.-El art. 107 de la Ley 2522 (que abarca los bienes del deudor existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los que adquiera hasta su rehabilitación) junto al art. 109 del citado cuerpo normativo, conforman un régimen unitario que tiende a cristalizar el patrimonio falencial, colocándolo en una situación de intangibilidad a favor de los acreedores con el propósito de su reparto según la regla de la par conditio creditorum.

Fallo:

Buenos Aires, 26 de junio de 2

Y VISTOS:

) Apeló el síndico la resolución dictada a fs. 614/18 en cuanto el juez de grado intimó al Consorcio de Copropietarios de la calle Bartolomé Mitre 1937/43 a abonar la suma de $ 881,60 que fuera incorrectamente pagada al fallido. Los fundamentos obran desarrollados a fs. 632/35, los que fueron contestados a fs. 680/83.Por su parte la Sra. Fiscal General se abstuvo de expedirse por los argumentos vertidos a fs. 660.

2.) De las constancias de autos surge que, luego de decretada la quiebra -6/5/15- ante varias cartas documento dirigidas al fallido -gasista matriculado- por varios consorcios de copropietarios en relación a trabajos acordados, el síndico solicitó que se requiriera a dichos consorcios información sobre los trabajos en cuestión, contratos suscriptos, fechas de los mismos y pagos que se le hubieran realizados al fallido. En el caso particular de autos, ante dicho pedido, se presentó el Consorcio de Copropietarios de la calle Bartolomé Mitre 1937/43 a fs. 335/46, acompañando el presupuesto emitido por el fallido N° 1858 del 15/2/16, el contrato de ejecución de obra del 16/2/16 y dos facturas, una del 15/2/16 por la suma de $ 100.000 como adelanto del pago de la obra y la otra del 17/3/16 por la misma suma, como primera cuota del precio acordado -$ 900.000-.

Acompañó asimismo dos informes de otros gasistas matriculados que probarían que las sumas pagadas alcanzarían a cubrir los costos de la obra y que los trabajos realizados por el fallido no habrían sido de acuerdo con las reglas del arte, habiendo generado perjuicio para dicho consorcio. Luego de haber recabado igual información respecto de otros consorcios, la sindicatura solicitó que se los intimara a integrar en autos las sumas abonadas al fallido luego de su decreto de quiebra.Frente a dicha intimación se presentó el consorcio aquí involucrado, señalando que el trabajo contratado fue de fecha posterior al decreto de quiebra, al igual que las sumas pagadas. Indicó que, en dicha oportunidad ignoraba el estado de cesación de pagos, añadiendo que tanto la matrícula del fallido como su CAI se encontraban vigentes. Postuló también que no correspondía la intimación efectuada, por cuanto dentro del trámite del presente proceso no existían constancias de que hubiera recaído resolución declarando la ineficacia de dichos pagos en los términos del art. 109, 2do. párr. de la LCQ. En la resolución apelada, el juez de grado señaló que el art. 88, inc. 5 LCQ., establece la prohibición de hacer pagos al fallido bajo apercibimiento de tornarlos ineficaces y que la publicación de edictos importa un pleno conocimiento de la declaración de falencia erga omnes con alcance universal. Por ende, estimó que resultaba claro que el fallido percibió los importes cuando se hallaba legalmente impedido para hacerlo, obrando contra legem en violación de la ley concursal. Puntualizó el juez también que el art. 104 LCQ preveía que le fallido conserva la facultad de desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto por los arts.107 y 108, inc. 2 de la ley concursal, por lo que éste se encontraba facultado para desempeñarse laboralmente. Aclaró el a quo que el fallido conservaba su poder de disposición y de administración de la retribución, ganancia, estipendio, salario, etc. que recibiera por el ejercicio de su actividad laboral, pero sólo en la porción de la inembargabilidad delimitada por la ley, según la referencia que de esta última hace el citado art.108, inc.2°. Por ende, consideró que el excedente de esa porción inembargable resultaba alcanzado por el desapoderamiento, comprendiendo los bienes que el fallido adquiera hasta su rehabilitación.En ese marco, estimó que no correspondía que el producto del trabajo del fallido fuera absorbido in totum por la masa falencial, pues solo correspondía embargar un porcentaje, permitiendo la cobertura de sus necesidades esenciales y las de su familia. A esos fines, de la suma abonada por el consorcio al fallido -$ 000- dedujo el importe de $ 592,18 que según el informe de fs. 341/3 resultaría usual para casos análogos de “acopio de materiales y mano de obra”, y sobre el remanente aplicó el porcentaje del 20% embargable, llegando así a la suma de $ 881,60 cuya integración reclama del consorcio.

3.) Se quejó la sindicatura de lo decidido en la anterior instancia porque se descontó la suma de $ 592,18 del monto abonado al fallido, considerando que era usual para acopio de materiales, cuando en sus presentaciones se había opuesto a los informes acompañados por el consorcio, por carecer del carácter de informes periciales. Indicó que, por otro lado, no existían constancias ciertas que demostraran que con las sumas abonadas al fallido, éste adquirió materiales a favor del Consorcio. Se agravió también de que sólo se admitiera el reintegro de un porcentaje de lo pagado y no de la totalidad, cuando el fallido habría dispuesto contra legem de los fondos recibidos, de quien no se encontraba autorizado para hacerlo, desconociéndose su destino. Agregó que durante el mismo período también habría recibido otras sumas por otros trabajos. Indicó, además, la inembargabilidad de la ley se establecía a favor del beneficiario y no era procedente aplicarlo en beneficio de pagador. Finalmente se quejó de que no se estableciera el pago de intereses.

) Ahora bien, en autos no se encuentra discutido que los trabajos contratados, así como los pagos realizados fueron ejecutados luego del decreto de quiebra y antes de que transcurriera un año desde dicha fecha.En ese marco, es del caso poner de resalto que el desapoderamiento impuesto por el art. 107 LCQ es derecha consecuencia del decreto de quiebra que data del 15/05/20Ha de señalarse, que en concordancia con esa norma, el art. 109, parte 2°, LCQ, dispone que son ineficaces los actos realizados por el fallido sobre bienes desapoderados, así como los pagos que hiciera o recibiera.A los fines de que se trata, la ineficacia de los pagos impuesta en la anterior instancia se justificaría porque son actos que la ley impide al fallido.

Puede decirse que el art. 107 de la norma falimentaria (que abarca los bienes del deudor existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los que adquiera hasta su rehabilitación) junto al art. 109 del citado cuerpo normativo, conforman un régimen unitario que tiende a cristalizar el patrimonio falencial, colocándolo en una situación de intangibilidad a favor de los acreedores con el propósito de su reparto según la regla de la par conditio creditorum.Por otro lado, el conocimiento del inicio del proceso colectivo se presume iuris et de iure a partir del día siguiente a la última publicación de edictos (esta CNCom., esta Sala A, 08.03.96, “Carrillo de Márquez Liliana Hilda s. Quiebra s. inc. de apelación”; íd. íd., 93, “Blanco Encalada 1444 S.A. s. Quiebra”; íd. íd., “Roggerone Carlos Enrique – Roggerone Obdulio Saúl (SH) s. quiebra s. inc. de apelación”). Es que la publicación de edictos de quiebra importa un pleno conocimiento de la declaración de falencia “erga omnes” y con alcance universal, por lo que a partir del cumplimiento de ese requisito no puede alegarse válidamente ignorancia de esa situación (conf. esta CNCom, esta Sala A, 11/11/09, “Industria Metalúrgica Plástica Argentina Coop. de Trabajo LTDA s/ quiebra s/ incidente de ineficacia concursal (LCQ 118) s/ incidente de apelación (por Gil Cortalezzi Enrique)”).En la especie, la publicación de edictos, según constancia de fs.514 y 107 del principal que se tiene a la vista, venció el 19-06-20Así, recuérdase que la prohibición de hacer pagos al fallido hallaba su correlato en lo que en idéntico sentido disponía el Código Civil en cuanto establecía que “el pago no puede hacerse a persona impedida de administrar sus bienes” (art. 734). Y si bien no se establecía en el Código Civil ni en la norma concursal, expresamente, cuál es la suerte del pago, más allá, obviamente, de su ineficacia con relación a la masa, tiénese dicho que resultaba aplicable lo dispuesto por el art. 18 CCIV, de tal suerte que el pago es “de ningún valor”, quedando el deudor obligado a reiterar el pago solventando la prestación en manos de quien esté autorizado para recibirlo. Ello encuentra su fundamento en que la aceptación del pago es un acto de disposición que transforma el patrimonio del accipiens al incorporar lo que el solvens le entrega (Llambías Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”; T° II, p. 791 y ss.; Heredia Pablo, “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, T° III, p. 512 y ss).

En este contexto, la intimación cursada al consorcio para que depositara en autos el importe de los abonado en forma indebida al fallido se muestra, en principio, ajustada a derecho, sin perjuicio -claro está- de las defensas que pudieran ser opuestas, en la instancia procesal pertinente (CPCC:505) y que debidamente articuladas deberán ser, en su caso, objeto de debida consideración.

5.) Sentado ello, en relación al monto por el cual se intima al consorcio, el síndico se agravió de la deducción de la suma de $ 592,Ahora bien, de una lectura del presupuesto adjuntado por el consorcio (fs. 335) y del contrato de ejecución de obra (fs. 336/8) surge que en el precio acordado se encontraba el costo de los materiales y mano de obra.En efecto, ello surge expresamente acordado en la cláusula segunda del contrato y también de lo convenido en la cláusula décimo primera, en donde se dispuso que cuando el comitente lo disponga el contratista debía poner a disposición las muestras del material a emplear en la ejercitación de todos los trabajos pendientes de la obra. Asimismo en el presupuesto se indicó el modo en que se realizarían los trabajos y el material a utilizar, consignándose que en ese presupuesto estaban incluidos todos los materiales y mano de obra. De ello puede extraerse claramen te que el material de obra iba a ser comprado por el fallido y su costo se encontraba dentro del precio acordado. Se infiere de esto último que, presumiblemente el adelanto abonado de $ 100.000 al momento de la suscripción de la obra sería destinado a la compra del material. Véase que los informes de fs. 341/43 de julio y agosto de 2016, hacen mención a la existencia de material y trabajos ya hechos, efectuando los gasistas matriculados que suscriben dichos informes una estimación de lo que podría haber costado tales labores efectuadas en concepto de material y mano de obra.No se desconoce que la sindicatura objetó dichos informes por ser copias simples sin firma certificada y no resultar una pericia realizada en debida forma. Sin embargo, el funcionario no ha acompañado ningún otro instrumento, ni ofrecido ninguna otra prueba que pudiera desvirtuar tales constancias. A ello debe agregarse que el propio fallido, a fs. 447 declaró que los trabajos quedaron inconclusos y que el dinero recibido lo utilizó para adelantos de obra y acopio de materiales. Por tal razón, no se advierte objeción al descuento realizado por el juez de grado de la suma de $ 592,18, rechazándose las objeciones formuladas por el síndico en este aspecto.

6.) De otro lado, en cuanto al porcentaje aplicado para determinar la suma a abonar por el consorcio, como señalara el magistrado, el art.104 LCQ dispone que el fallido conserva la facultad de desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 107 y 108, inciso 2 LCQ. Estas normas establecen que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los que adquiriera hasta su rehabilitación, impidiéndole que ejercite los derechos de disposición y administración, con exclusión de los bienes inembargables.En esa línea, no puede desconocerse que, autorizado el fallido a continuar con sus tareas profesionales, las sumas que perciba por su labor tienen naturaleza alimentaria, como ocurre con el salario de un empleado en relación de dependencia. En ese marco, no puede desconocerse que los montos percibidos por el oficio que ejerce el fallido que resultan de carácter alimentario resulta, en principio, inembargable, estimándose de aplicación a este supuesto las disposiciones del Decreto 484/87, que establece los importes inembargables de las remuneraciones de los trabajadores, y fija una alícuota del 20% embargable en el supuesto de retribuciones superiores al doble del Salario Minimo Vital, supuesto que se aprecia es el aplicable en el caso.Si bien es cierto que dicha inembargabilidad se contempla en favor del trabajador, no puede soslayarse que la quiebra sólo podría tener acceso a dicho porcentaje, es decir, sólo podría pretender que se incorporara al activo el monto embargable de las sumas percibidas por el fallido por sus trabajos y que tienen neto corte alimentario. Por ende, no se aprecia prudente exigir al Consorcio que deposite en autos, una suma mayor a aquélla que la quiebra tiene derecho a reclamar por ser parte del activo falencial. Así, estimase que también deberá rechazarse el recurso en este aspecto.7.) Finalmente, corresponde analizar si procede la aplicación de intereses sobre el monto intimado.Al respecto, se observa que recién con la intimación objetada por el consorcio y que derivó en el pronunciamiento apelado, éste tuvo conocimiento del reclamo de la sindicatura y de su obligación de pago. Así, no se aprecia que haya existido mora de parte del consorcio en su obligación, pues recién con la resolución apelada se estableció cuál era el monto debido, razón por la cual, no se aprecia procedente la inclusión de réditos desde la fecha en que fueron efectivizados los pagos al fallido. Así las cosas, debe confirmarse el pronunciamiento recurrido.

8.) Por todo lo expuesto, y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE: a.) Rechazar el recurso deducido por la sindicatura y, por ende, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que decide y fue materia de agravio.- b.) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento que el síndico pudo creerse con derecho a peticionar como lo hizo (art. 68, segundo párrafo CPCC).A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la Ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas. Devuélvase a primera instancia encomendándole al Juez a quo realizar las Notificaciónes pertinentes. Solo intervienen los firmantes por hallarse vacante el restante cargo de Juez de esta Sala (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).

MARÍA ELSA UZAL

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

MARÍA VERÓNICA BA

Fuente: https://aldiaargentina.microjuris.com/2019/04/10/el-que-mal-paga-procedencia-de-la-intimacion-cursada-a-un-tercero-para-que-abone-en-la-quiebra-cierta-suma-de-dinero-incorrectamente-pagada-al-fallido/
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