Clases presenciales en CABA: tras la presentación del Gobierno, la Corte define

Se espera que en las próximas horas el Gobierno exponga sus argumentos para suspender la actividad escolar durante 15 días. El Máximo Tribunal le dio a Nación un plazo de cinco días hábiles para argumentar a favor del decreto.

Después de declararse competente para resolver el conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema espera el argumento del Gobierno Nacional que llevó al presidente Alberto Fernández a suspender las clases presenciales, para dar su dictamen.

Al cumplirse la semana, la Casa Rosada presentará a último momento los argumentos. En el Gobierno le restaron importancia al retraso y argumentaron que se debió al “trabajo fino” y a la incorporación de la posición de la Provincia como parte afectada por las medidas.

“No hubo demora, hay que ser muy precisos en la presentación, dado que la Corte no es precisamente objetiva”, dijo un vocero y un asesor agregó ante Infobae: “No se debe a nada en especial, lo estamos presentando dentro del período que se nos concedió”.

Los planteos de los Gobiernos porteño y nacional

La Ciudad de Buenos Aires hizo la presentación ante la Corte para que se declare inconstitucional el DNU que suspende las clases presenciales por 15 días, es decir, hasta el 30 de abril.

La administración de Rodríguez Larreta pidió que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

Para el Gobierno porteño el decreto viola la autonomía de la Capital Federal e implica una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”. Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires consideraron además que la suspensión de clases presenciales en el AMBA “es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias”.

En respuesta la Procuración del Tesoro, se presentó ante la Justicia Federal para tratar de impugnar el fallo de Cámara que habilitó la presencialidad en Capital Federal: pidió que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo dispuesto por el tribunal porteño.

El expediente quedó a cargo del juez Esteban Furnari que hizo lugar al pedido. El magistrado le ordenó a la ciudad de Buenos Aires que deje sin efecto la presencialidad, pero CABA no acató la medida al plantear que “hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales”.




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