Bahía Blanca: sobrevivientes, familiares de víctimas y un exconscripto declararon en el debate de la mega causa Zona 5

Quince testigos prestaron declaración durante las últimas tres audiencias celebradas en mayo ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en el juicio en el que se juzgan las responsabilidades de 38 imputados (ex militares, ex policías federales y provinciales y un director de unidad penitenciaria) por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y la auxiliar fiscal Paula Daniela Molini y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

En las jornadas del 12, 19 y 26 de mayo se recibieron testimonios que dieron cuenta de víctimas que pasaron por el Batallón de Comunicaciones 181 donde, según la hipótesis fiscal, funcionaron centros clandestinos de cautiverio de las personas secuestradas. Víctimas y de familiares de víctimas declararon sobre los secuestros a integrantes del equipo de trabajo del Canal 2 de la ciudad de Viedma, de estudiantes y de trabajadores ferroviarios, de la construcción y de la industria de la alimentación. Además, declaró un testigo que fue conscripto de aquella unidad miltiar durante el año 1976, quien dio precisiones sobre la compañía de combate “Mayor Keller” y cómo era la dinámica de los operativos que hacían en la ciudad y en las localidades de la zona.

En la última jornada se reprodujo además un video con la declaración de una de las víctimas que durante su cautiverio sufrió distintos hechos de abuso sexual. El caso es el único, de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales, que pudo ser llevado a juicio tras la negativa del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones.

Las audiencias pueden seguirse en vivo todos los jueves en el horario de 9.00 a 15.00 por los canales de Youtube de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y del Poder Judicial de la Nación. El tribunal dispuso otras dos audiencias complementarias para los lunes 13 de junio y 4 de julio, en el mismo horario.

Testimoniales

En la última audiencia, realizada el 26 de mayo, declararon Susana Ester Barile y Silvina Eliana Celave, quienes relataron las circunstancias del secuestro de su marido y padre –respectivamente- Raúl Vicente Celave. Relataron que la víctima fue llevada de su casa el 20 de julio de 1976 por militares armados. Detallaron que durante su cautiverio el hombre fue torturado y que lo vivido le produjo graves secuelas.

Una testigo se refirió al impacto familiar que generó la desaparición de su hermano: “Todo un trastorno, mi mama se enfermó, estuvo muchos años mal, después se murió. Todo cambió, no sabíamos a dónde ir, a quién buscar, era todo tan incierto…”.

En la misma jornada dieron su testimonio Emilio René León y Raúl Ernesto Torres, quienes al momento de los hechos formaban parte del equipo de trabajo del Canal 2 de la ciudad de Viedma que. Los testigos relataron que, junto a los dos gerentes del canal —Carlos Salazar y Rolando Barabino—, fueron secuestrados y posteriormente conducidos al Batallón de Comunicaciones 181, bajo el pretexto de una supuesta vulneración del Comunicado N° 19 de las Fuerzas Armadas, en relación con la difusión de material audiovisual prohibido.

También declaró Juan Antonio Fernández, conscripto del Batallón de Comunicaciones 181 durante el año 1976, quien dio precisiones de cómo estaba conformada la unidad militar y detalló, como miembro de la compañía de combate “Mayor Keller”, la dinámica de los operativos que se hacían en la ciudad y en las localidades de la zona, en el marco de la denominada “lucha contra la subversión”. El testigo puntualizó sobre los centros clandestinos de cautiverio que funcionaban dentro del batallón —habló del gimnasio, de calabozos en el edificio de ingreso y de “La Escuelita”— y de las condiciones de cautiverio de las personas secuestradas.

Al ser preguntado por la fiscalía al respecto, Fernández explicó que “era un panorama difícil de verlo. Me encontré con gente sentada en una cama, vendados, algunos atados. Bien no estaban”, señaló. Asimismo puntualizó que en su mayoría eran hombres, pero que también había mujeres, incluso aseguró haber visto a una embarazada.

En esa audiencia se reprodujo el registro audiovisual de la declaración de Lilian Noemí Larrosa en la causa denominada causa “Bayón”. La víctima declaró que fue secuestrada en la localidad de Médanos, trasladada –atada y encapuchada– a la comisaría de ese lugar y, posteriormente, al Batallón de Comunicaciones 181, donde -explicó- fue sometida a interrogatorios con aplicación de electricidad en el cuerpo. Precisó que, durante su cautiverio, sufrió distintos abusos de índole sexual e intentos de violación.

Su caso es el único que pudo ser llevado a juicio –de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales– tras la negativa del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de aquella ciudad, de llamar a indagatoria a diversos acusados. Según los jueces, la investigación no podía avanzar frente a la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y, en muchos de los casos, existían testimonios y otros elementos de prueba independientes que permitirían acreditar su ocurrencia. El caso se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los casos de Barcia, Landi y Ruzo

En tanto, el 19 de mayo prestaron declaración Mabel Norma Mancini y Mariano Dante Barcia, quienes relataron las circunstancias del secuestro de su marido y padre, respectivamente, Mariano Barcia. Al momento de los hechos, la víctima era fotógrafo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Narraron que fue secuestrado en su casa por personal del Ejército, y su cautiverio transcurrió en el Batallón y luego en la cárcel de Bahía Blanca.

En aquella audiencia también declaró Guillermo Eduardo Quartucci, ofrecido como testigo por la fiscalía para declarar por la privación ilegal de la libertad sufrida por Víctor Adolfo Landi, quien también declaró en esa jornada, pero solicitó que su testimonio no fuera difundido. Quartucci fue secuestrado en la localidad de Jacinto Arauz pero logró fugarse de su lugar de cautiverio, motivo por el cual el edificio donde vivía su familia fue allanado. “No podían quedarse con las manos vacías, tenían que producir un resultado. Se llevaron a tres personas del edificio, una de ellas era Víctor Landi”, indicó.

La fiscalía interrogó a un exconscripto sobre las condiciones de cautiverio en que vio a las víctimas: “Era un panorama difícil de verlo. Me encontré con gente sentada en una cama, vendados, algunos atados. Bien no estaban”.

El testigo detalló que en el domicilio estaban sus padres y su hermano y que reconocieron a dos de las personas que allanaron el departamento sin orden judicial: “Los apellidos eran Kussman y Noel”, señaló. Tanto Claudio Kussman como Pedro José Noel integraban el servicio externo de la de la Unidad Regional V de la policía bonaerense. Kussman está imputado en esta mega causa por los hechos que tuvieron como víctimas a siete personas, incluyendo el asesinato de Daniel José Bombara.

La última en prestar declaración en aquella jornada fue Silvia Ruzo, quien se refirió al caso de su hermano Manuel Alberto Ruzo, oriundo de Córdoba y estudiante de ingeniería. El joven desapareció mientras hacia el servicio militar obligatorio en la compañía de combate del Batallón de Comunicaciones 181. La testigo relató que se comunicó con su hermano por cartas hasta finales de junio o principios de julio de 1976, momento en que perdieron contacto. “Un día mi mamá envió un giro y el correo lo devolvió porque el destinatario estaba prófugo”, describió. Explicó que, por este motivo, la familia viajó a Bahía Blanca y en el batallón le informaron que había desertado. No obstante, la testigo afirmó: “Estamos convencidos que no fue una deserción porque hubiera vuelto o se hubiera comunicado de alguna manera”. Agregó algo que le llamó particularmente su atención: “Él practicaba atletismo y competía. Tenía unas zapatillas especiales con clavos y si se hubiese ido se las hubiera llevado con certeza, sin embargo a nosotros nos devolvieron las zapatillas”.

Manuel Alberto Ruzo permanece desaparecido. Su hermana se refirió al impacto que generó su desaparición: “Todo un trastorno, mi mama se enfermó, estuvo muchos años mal, después se murió. Todo cambió, no sabíamos a dónde ir, a quién buscar, era todo tan incierto… Al principio pensamos que era un caso aislado hasta que nos contactamos con otras personas y nos enteramos que le había pasado a mucha gente. Nos organizamos, empezamos a tratar de pedir o visibilizar el problema, como que no eran casos aislados, contactar a otra gente, porque no nos escuchaban. Fue un horror”.

Secuestro de trabajadores

El 12 de mayo declaró Luis Arroyuelo Borelli, quien al momento de los hechos trabajaba como ferroviario e integraba el partido comunista en la ciudad de Bahía Blanca. Relató que fue secuestrado por el Ejército en su domicilio el mismo día del golpe de Estado y que luego lo llevaron a dependencias del V Cuerpo, donde, según detalló, posteriormente fueron llegando más personas detenidas del ámbito sindical y político bahiense. Añadió que posteriormente fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, donde estuvo privado de su libertad ocho meses.

Otro testimonio de ese día fue brindado por Francisca Del Valle, esposa de Edmundo Joaquín Di Francisco, quien fue secuestrado en 1976 junto a otros compañeros en la sede de la UOCRA local, en virtud de que el gremio había sido tomado por el Ejército. La testigo refirió que su marido fue llevado al “regimiento” y de ahí trasladado a la Unidad Penitenciaria N°4 de Bahía Blanca, donde continuó su cautiverio.

En la misma jornada declaró Domingo Marcelo Wagner, quien también estuvo secuestrado en dependencias del Batallón de Comunicaciones 181. Relató que al momento de los hechos formaba parte del sindicato de la industria de alimentación. Respecto de su secuestro señaló que se llevó a cabo en su domicilio, que lo trasladaron en su propio auto, encañonado por soldados y escoltado por camiones del Ejército.

Explicó que su cautiverio fue en el “gimnasio”, donde se encontró con gente conocida de otros gremios, y detalló las condiciones en las que convivían, por ejemplo, respecto de la alimentación: “Teníamos que ser buenos compañeros para no comernos una cucharada de más”, recordó. Finalmente, señaló que salió en libertad luego de que su familia presentara un habeas corpus.

Por último, en esa jornada declaró Rita Nuñez, quien al momento de los hechos era la esposa de Wagner. La mujer relató las circunstancias del secuestro de su marido y las gestiones que realizó para saber de él y para procurar su liberación. Contó que presentó un habeas corpus con la colaboración del abogado del gremio y que iba todos los días al Comando del V Cuerpo del Ejército a preguntar por él.

Fuente: https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-sobrevivientes-y-familiares-de-victimas-del-terrorismo-de-estado-declararon-en-el-debate-de-la-mega-causa-zona-5/

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