Presenta Memorial

PRESENTA MEMORIAL

Excma. C.S.J.N.:

…………., abogado inscripto en el Tº … Fº …  C.F.A.S.M., en mi carácter de abogado defensor del Sr. VÍCTOR CALAGNESI, en la causa Nro. ……… caratulada “…………….”, manteniendo el domicilio oportunamente en la calle ………………… de esta ciudad capital, ante V.V.E.E.. me presento y respetuosamente digo:

I.— OBJETO

Que en legal tiempo y forma vengo a presentar memorial y expresión de agravios solicitando se tenga presente a sus efectos.

II.— ANTECEDENTES

Que mi defendido resultó detenido el pasado ……………… por la Sección Investigación Federal de Fugitivos de Interpol por existir contra el mismo una orden de captura internacional solicitada por el Juzgado Penal de Garantías Nro. …………….. sito en el país vecino de ………, colocando al detenido a la orden del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. ……… Secretaría …. De ………………, Provincia de Bs. As.

Que en oportunidad de celebrarse el debate oral y público  (arts. 30 de la ley 2767 y 359 del C.P.P.N.) mi pupilo manifestó no tener garantías de ser juzgado en ……………., sosteniendo que su estado de salud es frágil y que las condiciones de detención en el país vecino no son buenas, siendo que afirmó su voluntad de ser juzgado por jueces argentinos, toda vez que entendió que su condición de extranjero hará que sea inculpado en delitos que no cometió.

Oportunamente el Sr. fiscal solicitó se haga lugar a la extradición del nombrado.

Por su parte esta defensa planteó la inconstitucionalidad de los arts. 12 de la ley 2767 y 1 de la ley 25.302 y subsidiariamente se opuso a la extradición de conformidad con lo normado por los art. 8 inc. E) de la ley 2767, legislado asimismo en los arts. 5.1 y 5.2 de la C.A.D.H., 2.1 y 7 del P.I.D.C.P. y 3.1 y 3.2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos inhumanos y degradantes, por cuanto CALAGNESI presenta un cuadro de gravedad en su salud y no se encuentran dispuestas las mínimas garantías para el cumplimiento de su detención en el país hermano de  ………………..

Oportunamente S.S. dispuso rechazar las inconstitucionalidades planteadas y hacer lugar a la extradición de mi ahijado procesal a …………….

III.— AGRAVIOS

Para una mayor claridad expositiva he de analizar por separado los distintos puntos que agravian a esta defensa técnica:

III.- De la Invalidez de la resolución atacada.

En oportunidad de celebrarse el debate esta defensa planteó la inconstitucionalidad de los arts. 12 de la ley 2767 y 1 de la ley 25.302 por entender que afecta gravemente el derecho a la igualdad y al debido proceso judicial.

Introducida la cuestión planteada S.S. dispone que resultaría improcedente la inconstitucionalidad incoada, sosteniendo que “…resulta inadmisible la interpretación propuesta por la defensa toda vez que en el trámite extradictorio la discusión se centra en si resulta o no procedente la extradición peticionada, y en el contexto el encausado fue escuchado por este magistrado”… (ver fs. ……).

Como se observa el Sr. juez omite el debido tratamiento del planteo introducido por esta enjundiosa defensa, por cuanto se limita a decir que sólo analizará la procedencia formal de la extradición no abocándose a la debida sustanciación del formal y procedente planteo introducido por esta asistencia letrada.

Resulta absolutamente arbitraria la resolución propuesta por el Sr. juez de grado, por cuanto debió dar tratamiento a la cuestión traída a examen debiendo además fundar su admisión o rechazo, tornando al pronunciamiento como un acto jurisdiccional inválido.

Ha dicho el máximo Tribunal y resulta claramente aplicable al caso en análisis que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), el Tribunal también ha resuelto que son descalificables como actos judiciales válidos aquellas sentencias que omitan pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para ello, o lo hacen mediante breves afirmaciones genéricas sin referencia a los temas legales suscitados y concretamente sometidos a su apreciación (Fallos: 298:373; 320:2451; 321:1385, 3663 y 325:1549), en tanto importan una violación a las reglas del debido proceso.

Entiendo que es este el caso, S.S. omitió fundar debidamente la existencia o inexistencia de motivos que llevaran a aceptar o en este caso rechazar los planteos de inconstitucionalidad introducidos.

En este orden de ideas no puede decirse que en definitiva la procedencia o improcedencia de la extradición está en manos del Poder Ejecutivo Nacional, dado que es ineludible a los magistrados el control de constitucionalidad de las normas que rigen el proceso cuando éstas entran en conflicto en un caso concreto, máxime cuando el planteo es introducido formalmente por alguna de las partes.

Concluyo sin hesitación alguna que el pronunciamiento de S.S. no resulta un acto jurisdiccional válido por cuanto no ha dado expreso tratamiento a los planteos introducidos por esta defensa, por lo cual así debe declararse.

III.2.- De la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 12 de la ley 2767 y  art. 1 de la ley 25.302

El art. 12 de la ley 2747 dispone “…Si el requerido para la realización de un proceso fuese nacional argentino, podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos, a no ser que fuere aplicable al caso un tratado que obligue a la extradición de nacionales…” 

Si el nacional ejerciere esta opción, la extracción será denegada. El nacional será entonces juzgado en el país, según la ley penal argentina, siempre que el Estado requirente preste conformidad para ello, renunciando a su jurisdicción, y remita todos los antecedentes y pruebas que permitan el juzgamiento. 

“Si fuere aplicable al caso un tratado que falta la extradición de nacionales, el Poder Ejecutivo, en la oportunidad prevista en el articulo 36, resolverá si se hace o no lugar a la opción.”

Al humilde criterio de esta defensa la norma mencionada resultan claramente contrarias al principio de igualdad y al debido proceso judicial, encontrándose en colisión con lo normado por los arts. 16 y 18 de nuestra C.N.

Dispone el art. 16 de nuestra C.N. “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.  (el resaltado me pertenece).

Por su parte el art. 75 inc. 23°  de la Constitución Nacional dispone …“ Corresponde al Congreso: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”…

El art. II Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre  sostiene …”Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”…

El art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Establece “…Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación…”

El art. del 24 Pacto de San José de Costa Rica determina “… Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley…”

Mi tutelado eligió ser juzgado por las autoridades argentinas por entender que no cuenta con las garantías judiciales básicas en el hermano país, siendo que el art. 12 de la ley 2767 no exige explicación alguna, sólo que el nacional elija ser juzgado por las leyes de su territorio.

Ahora bien en análisis de los compromisos asumidos por la República Argentina en los pactos y tratados mencionados, surge claramente que la igualdad ante la ley resulta base fundamental del sistema normativo, y que la norma prescripta en los arts. 12 de la ley 2767 y 1 de la ley 25.302 colisionan gravemente dicho principio, por cuanto en personas imputadas de iguales delitos quedará sujeto a una voluntad ajena al imputado y al hecho supuestamente realizado la procedencia o no de la norma, afectando gravemente la igualdad ante la ley.

La normativa resulta absolutamente contraria al principio de igualdad, dado que sujetos que acusados de iguales delitos, para unos existirá la garantía de ser juzgados en el país por leyes locales y jueces locales y para otros estaría vedada dicha posibilidad, lo que resulta absolutamente inaceptable en un estado de derecho.

Es que la ley reconoce el derecho subjetivo del sujeto pasivo de la extradición para elegir si opta por ser juzgado en nuestro país, y ello debe observarse independientemente de la existencia o inexistencia de un tratado con otra potencia, por cuanto sólo puede tenerse en cuenta la conducta imputada al sujeto y su significación jurídica, independientemente de si el Estado Argentino ha suscripto discrecionalmente algún tratado o convenio con otro Estado.

Esta defensa no deja de reconocer los compromisos asumidos por la República Argentina con otros estados parte, pero en modo alguno ello puede resultar fundamento para desconocer la suscripción de tratados en materia de derechos humanos, los que garantizan claramente la igualdad ante la ley.

La C.S.J.N. en el leading case “Caille” (Fallos, 153:67) ha dicho que “la igualdad ante la ley del Art. 16 de la Constitución (…) no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros, de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en casos concurrentes, según las diferencias constitutivas y, que cualquier otra inteligencia o excepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza o interés social (Fallos, 105:273; 117:229; 132:198; 150:144)”.

Esta garantía aplicada al proceso judicial requiere que “todas las personas sean iguales ante los tribunales y las cortes de justicia” (art. 11, P.I.D.C.P.); es decir, independientemente de su condición personal, el tratamiento del imputado no admite diferenciaciones por razones económicas, sociales, religiosas y/o políticas.

La C.S.J.N. ha considerado que integra la garantía de la defensa en juicio la obligación de que el Estado provea los medios para que el proceso se desarrolle en paridad de condiciones (Fallos, 312: 1998).

Debe tenerse en cuenta que la garantía consagrada en el art. 16 constituye una regla absoluta y llevada a una concepción extrema paralizaría cualquier iniciativa y cualquier reforma (fallos 199:268). Partiendo de este presupuesto, la doctrina en forma mayoritaria, receptando  la uniforme corriente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha concebido que el principio de igualdad ante la ley del art. 16 de la C.N.  no es otra cosa que el derecho da que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan  a unos de lo que se le concede a los otros en iguales circunstancias de donde se sigue que la igualdad ante la ley consiste en aplicar, en los casos ocurrentes la Ley según la diferencia constitutiva de ellos, y teniendo como límite que la distinción –base para la diferencia de los casos– no sea arbitraria, ni que la diferencia de trato legal se funde en propósitos de marcada hostilidad contra determinadas personas o clases (fallos 150:112; 164:469) procediendo la revisión judicial respecto de la razonabilidad de ella.

Por lo expuesto debe declararse la inconstitucionalidad de las normas mencionadas haciendo lugar a la opción ejercida por mi pupilo de ser juzgado en la República Argentina.

III.3.- De la violación de lo normado por los arts. 8 inc. “e” de la ley 2767, 5.1 y 5.2 de la C.A.D.H., arts. 2.1 y 7 del P.I.D.C.yP. y arts. 3.1 y 3.2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o penas crueles inhumanos y degradantes

Mi defendido sostuvo que por sus afecciones de salud no puede ser alojado en el país vecino de ……………., por cuanto no se cuenta ni con las más mínimas condiciones para el alojamiento de personas con problemas de la clase que él padece.

Así y como está probado en autos, Calagnesi sufre diversos padecimientos cardíacos que lo hace un paciente en permanente riesgo, siendo que debe ser sometido a cuidados especiales.

Que su hermana viajó a …………, siendo que allí (lugar donde se sustancia el proceso materia de extradición) sólo existe una sola cárcel, ………, la que como es de público y notorio conocimiento no tiene ni las más mínimas condiciones de salubridad, fue diseñada para albergar a 200 internos y en la actualidad su población supera los 3.300 reclusos, siendo que algunos de ellos duermen en pasillos a la intemperie, mientras que por las diversas denuncias de los organismos de derechos humanos ha sido anunciado su cierre para 20

No existen garantías de que las afecciones de mi defendido van a ser atendidas en forma correcta, lo que podría claramente comportar un agravamiento de su estado de salud, con serio riesgo para su integridad física.

Más aún, esta defensa solicitó que para mejor proveer se requiera al país lindero que informe si cuenta con instalaciones adecuadas para el tratamiento de las dolencias de Calagnesi.

S.S. sostuvo que no se establece relación de causalidad entre la fragilidad en la salud de mi pupilo y el deplorable estado de los centros de detención en el ……………

Que a juicio de este defensor el alojamiento en un lugar con dichas características de un extranjero con graves afecciones en su salud importa claramente un trato cruel e inhumano que puede acarrear consecuencias mortales, por lo que debió S.S. solicitar a la hermana República información (art. 11) a fin de determinar si se encuentran las garantías mínimas cumplidas para la extradición de Calagnesi.

Por ello y ante la posibilidad cierta de los tratos crueles y el sometimiento innecesario a condiciones inhumanas de detención para una persona gravemente enferma se concreten debió haberse requerido la información al estado parte y en su defecto rechazar la extradición, lo que así se solicita.

IV.— PETITORIO

Por lo expuesto se solicita:

•Se tenga por interpuesto el presente en legal tiempo y forma.

•Oportunamente se haga lugar a los diversos pedidos incoados y se rechace la extradición a ……….

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA

……………………

(FIRMA Y SELLO)

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